5 de febrero de 2015

Incumple gobierno de Oaxaca reubicación de los desplazados triquis de Copala

Oaxaca de Juárez, Oax.- El 13 de septiembre del 2013, mediante el convenio de misma fecha, el gobierno del Estado de Oaxaca, se comprometió en un plazo de 90 días, a adquirir un predio para la reubicación de los beneficiarios de la medida cautelar MC-197-10 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del grupo de Lorena Merino Martínez, en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, sin que hasta el momento haya avance alguno en el tema.

Hoy a más de un año y medio de la firma del acuerdo, no existe esperanza alguna de reubicación de los cautelados triquis de Copala, mucho menos de las personas que no cuentan con medidas cautelares, además varios actores del propio gobierno del Estado y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), obstruyen e impiden la terminación del tema de desplazados de San Juan Copala por así convenir a sus intereses económicos y político

De los funcionarios que firmaron el convenio con los cautelados triquis de Copala en representación del gobierno del Estado de Oaxaca como el Lic. Alfonso José Gómez Sandoval Hernández, Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca (Segegob), Lic. José de Jesús Silva Pineda, Subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría General del Gobierno, Lic. Dagoberto Carreño Gopar, Subsecretario Jurídico y Asuntos Religiosos de la Secretaría General del Gobierno y Lic. Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos, no se sabe nada hasta la fecha desde la firma del convenio.

Ninguno de las mencionadas personas ha dado seguimiento al tema de reubicación de los cautelados triquis, algunos de ellos como el Lic. José de Jesús Silva, cambiaron de trabajo para deslindarse del tema de reubicación de los triquis y los que siguen trabajando todavía con el ejecutivo estatal, se olvidaron completamente de la promesa de reubicación que alguna vez hicieron a los cautelados triquis de Copala en el multicitado convenio, además, durante la firma del dicho acuerdo, muchos de ellos no estuvieron presente como es el caso del Lic. Alfonso Gómez Sandoval y la Lic. Eréndira Villegas.

Desde principio, no había ni hay interés del gobierno de Oaxaca de reubicar a los cautelados triquis, los únicos dos funcionarios que estuvieron presente en la firma del acuerdo, impusieron el convenio a los cautelados triquis de Copala, el cual ya venía  elaborado e impreso.

No había forma de alegar o protestar contra la imposición del acuerdo, la amenaza era firmar el convenio o acatar a las consecuencias,  los funcionarios amenazaban “firman el convenio y levantan el plantón por las buenas o nos veremos obligados a usar la fuerza pública contra ustedes y detenerlos por obstruir la vía pública”.

Las amenazas no sólo venían de los funcionarios del gobierno, sino también del Lic. Arturo de Jesús Peimbert Calvo, Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), quien amenazaba directamente a Lorena Merino Martínez y Basilio Ramírez, Secretario General de desplazados de San Juan Copala, con detenerlos y fabricarles falsos delitos si no levantaban el plantón por las buenas, las amenazas venían de todas partes y no había otra opción más que firmar el multicitado convenio.

Fue así como el gobierno de Oaxaca, impuso dicho convenio a los beneficiarios de la medida cautelar MC-197-10, el cual no contiene las voluntades de los cautelados triquis tampoco de su representante Lorena Merino Martínez, además de excluir a  los desplazados triquis de Copala sin medidas cautelares, documento del cual hasta la fecha existe inconformidad.

Cabe señalar que desde la firma del convenio hasta la fecha, los funcionarios, asesores y trabajadores del gobierno de Oaxaca, siguen diciendo que sólo van a reubicar a personas que cuentan medidas cautelares, excluyendo y dejando en total estado de indefensión, abandono, sin esperanza de reubicación y vivienda a la mayoría de los desplazados triquis de San Juan Copala.

La imposición del convenio se debe al entreguismo, traición y alianza que los grupos de desplazados triquis de Copala encabezados por Reyna Martínez Flores, Braulio Hernández Hernández y Jesús Martínez Flores, hicieron con el gobierno de Oaxaca, al haberle aceptado dinero,  trabajo, automóviles y demás lujos.

Más fuerte fueron sus intereses personales y ambiciones que la defensa de sus derechos e intereses como es el caso de los triquis de Copala del grupo de Braulio Hernández Hernández y Mariana Flores López, quienes  traicionaron a Lorena Merino Martínez  y abandonaron el plantón ubicado en los corredores del Palacio de Gobierno de Oaxaca el día 06 de agosto del 2013 a petición del Lic. Arturo de Jesús Peimbert Calvo y a cambio de 5 millones de pesos, un carro y trabajo en la Defensoría.


2 de febrero de 2015

Arrebatan hippies del Colectivo La Jícara de Xochipilli espacios a mujeres triquis de Copala

Triquis de Copala denuncian amenazas y cobro de piso por el Colectivo La Jícara de Xochipilli

Por: Cristina Hernández


La representante de un grupo de desplazados de San Juan Copala, acusó a integrantes del Colectivo La Jícara de Xochipilli de cobrar derecho de piso hasta por 200 pesos y lucrar con el espacio que el magisterio les permitió en la Alameda y Zócalo en el marco del plantón de la Sección 22 del SNTE.

Lorena Merino Martínez, una de las indígenas de San Juan Copala, con lágrimas en el rostro, dijo que esa organización los ha amedrentado, amenazado y les ha quitado espacios. 

Desde la Alameda con García Vigil señaló que en apoyo a la Sección 22 del SNTE, se instalaron en esos espacios para así tener una fuente para tener ingresos económicos para sustentar a sus familias. 

"Nos dieron espacio para instalarnos pero el Colectivo La Jícara de Xochipilli que es de personas golpeadores y drogadictos siempre nos han molestado desde que se instaló el plantón magisterial a la fecha", se quejó. 

“Nos han amenazado, amedrentado, nos han insultado, nos han dicho cosas que sufríamos en la zona triqui”, dijo para soltar en llanto porque nadie les garantiza el derecho al trabajo.

"Quisiera acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que nos garanticen nuestros derechos", expresó. 

Pidió apoyo a las organizaciones nacionales e internacionales para que estas familias tengan garantías que desde hace años perdieron por no poder regresar a su comunidad de origen que es San Juan Copala. 

"No estamos por un recurso, sino por la exigencia de regresar a nuestra comunidad pero Mario y Alejandro del Colectivo La Jícara de Xochipilli están cobrando derecho de piso", dijo.

Aseguró que han sido afectadas al menos 20 personas con sus hijos porque esos supuestos líderes les cobran a su gente 200 pesos y a los demás, igual quieren actuar. 

"Ellos (Colectivo La Jícara) quieren ocupar el espacio para poder venderlo y cobrar derecho de piso para tener recursos económicos", por eso urgió atención del gobierno y de los dirigentes de la Sección 22 del SNTE.