Oaxaca de Juárez,
Oax.- El 13 de septiembre del 2013, mediante el convenio de misma fecha, el gobierno
del Estado de Oaxaca, se comprometió en un plazo de 90 días, a adquirir un
predio para la reubicación de los beneficiarios de la medida cautelar MC-197-10
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del grupo de Lorena
Merino Martínez, en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, sin que hasta
el momento haya avance alguno en el tema.
Hoy a más de un año y
medio de la firma del acuerdo, no existe esperanza alguna de reubicación de los
cautelados triquis de Copala, mucho menos de las personas que no cuentan con
medidas cautelares, además varios actores del propio gobierno del Estado y de
la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), obstruyen e
impiden la terminación del tema de desplazados de San Juan Copala por así
convenir a sus intereses económicos y político
Ninguno de las mencionadas
personas ha dado seguimiento al tema de reubicación de los cautelados triquis,
algunos de ellos como el Lic. José de Jesús Silva, cambiaron de trabajo para deslindarse
del tema de reubicación de los triquis y los que siguen trabajando todavía con
el ejecutivo estatal, se olvidaron completamente de la promesa de reubicación
que alguna vez hicieron a los cautelados triquis de Copala en el multicitado
convenio, además, durante la firma del dicho acuerdo, muchos de ellos no
estuvieron presente como es el caso del Lic. Alfonso Gómez Sandoval y la Lic.
Eréndira Villegas.
Desde principio, no había
ni hay interés del gobierno de Oaxaca de reubicar a los cautelados triquis, los
únicos dos funcionarios que estuvieron presente en la firma del acuerdo,
impusieron el convenio a los cautelados triquis de Copala, el cual ya venía elaborado e impreso.
No había forma de alegar o
protestar contra la imposición del acuerdo, la amenaza era firmar el convenio o
acatar a las consecuencias, los funcionarios amenazaban “firman el
convenio y levantan el plantón por las buenas o nos veremos obligados a usar la
fuerza pública contra ustedes y detenerlos por obstruir la vía pública”.
Las amenazas no sólo
venían de los funcionarios del gobierno, sino también del Lic. Arturo de Jesús
Peimbert Calvo, Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo
de Oaxaca (DDHPO), quien amenazaba directamente a Lorena Merino Martínez y
Basilio Ramírez, Secretario General de desplazados de San Juan Copala, con
detenerlos y fabricarles falsos delitos si no levantaban el plantón por las
buenas, las amenazas venían de todas partes y no había otra opción más que
firmar el multicitado convenio.
Fue así como el gobierno
de Oaxaca, impuso dicho convenio a los beneficiarios de la medida cautelar
MC-197-10, el cual no contiene las voluntades de los cautelados triquis tampoco
de su representante Lorena Merino Martínez, además de excluir a los
desplazados triquis de Copala sin medidas cautelares, documento del cual hasta la
fecha existe inconformidad.
Cabe señalar que desde la
firma del convenio hasta la fecha, los funcionarios, asesores y trabajadores
del gobierno de Oaxaca, siguen diciendo que sólo van a reubicar a personas que
cuentan medidas cautelares, excluyendo y dejando en total estado de
indefensión, abandono, sin esperanza de reubicación y vivienda a la mayoría de
los desplazados triquis de San Juan Copala.
La imposición del convenio
se debe al entreguismo, traición y alianza que los grupos de desplazados
triquis de Copala encabezados por Reyna Martínez Flores, Braulio Hernández
Hernández y Jesús Martínez Flores, hicieron con el gobierno de Oaxaca, al
haberle aceptado dinero, trabajo, automóviles y demás lujos.
Más fuerte fueron sus
intereses personales y ambiciones que la defensa de sus derechos e intereses
como es el caso de los triquis de Copala del grupo de Braulio Hernández
Hernández y Mariana Flores López, quienes traicionaron a Lorena Merino
Martínez y abandonaron el plantón ubicado en los corredores del Palacio
de Gobierno de Oaxaca el día 06 de agosto del 2013 a petición del Lic. Arturo
de Jesús Peimbert Calvo y a cambio de 5 millones de pesos, un carro y trabajo
en la Defensoría.
