Oaxaca, Oax.- Por segundo día consecutivo, mujeres triquis provenientes de las comunidades de Guadalupe Tilapa Copala, Unión de los Ángeles Copala, Yutazaní Copala, La Cumbre Yerba Santa Copala y Santiago Juxtlahuaca, mantienen un plantón y huelga de hambre en los corredores del Palacio de Gobierno para exigir la liberación de 8 de sus compañeros que fueron detenidos violentamente el pasado martes 7 de febrero, alrededor de las quince horas, por elementos antimotines de la Policía Estatal cuando se encontraban manifestando en el crucero de 5 señores.
A la huelga de hambre que iniciaron la jóvenes triquis Norma Reyes Martínez y Marbella Herrera Martínez se les han sumado sus compañeras Margarita de Jesús Pérez, Magdalena Hernández, Antonia Pérez López, María Julián y Alejandra Pérez.
De las 14 personas detenidas, ayer sólo fueron liberados 6 menores de edad, quienes estuvieron detenidos por más de 24 horas en condiciones inhumanas, incomunicados, sin alimentos, golpeados, torturados física y psicológicamente, amenazados, intimidados, maltratados, vejados, sin intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
En esas mismas condiciones se encuentran las demás personas detenidas, entre los cuales se encuentran tres mujeres triquis monolingües y analfabetas que fueron agredidas, reprimidas, golpeadas, arrastradas, vejadas, jaloneadas de los cabellos, y subidas a las patrullas con excesiva violencia al momento de su detención.
El director de Averiguaciones Previas de la dependencia, Valdemar Pérez Canseco, admitió que los menores fueron puestos en libertad, en base a que existe un alegato en la ley que impide que puedan estar privados de su libertad, aún y cuando pudieron ser responsables de algún delito.
Mencionó que la averiguación previa en contra de los resto de responsables 0 adultos, entre ellos tres mujeres triquis, se encuentra en fase de integración, y detalló que será en el trascurso de las próximas horas que se determine la situación jurídica de los presuntos indiciados señalados de cometer los delitos de ataques a las vías generales de comunicación, daños y lesiones en contra de particulares.
Argumentó que se realiza un peritaje por los daños cometidos a un autobús del transporte público y se verifican las agravantes de los hechos denunciados.
Indicó que los implicados podrían obtener la libertad caucional tras el pago de una fianza a petición de su propia defensa que le fue proporcionada por la Procuraduría de Justicia Estatal (PGJE).