Ante los ataques de un grupo armado, 14 familias triquis decidieron salir de la comunidad que fundaron en 2008 luego de ser desplazados de otras comunidades. Fueron rumbo a Tlaxiaco para salvar su vida pese a contar con medidas cautelares de la CIDH.
Por: Octavio Vélez Ascencio
Cuarenta y tres pobladores, 21 adultos y 22 niños, salieron caminando en caravana alrededor de las 18 horas, llevando en sus manos flores blancas y pancartas con leyendas de protesta hasta el entronque con la carretera federal 125 Alfonso Pérez Gazga Yucudaa-Pinotepa Nacional, a escasos cinco kilómetros de Putla de Guerrero, donde abordaron camionetas de pasaje.
En su andar, los indígenas triquis fueron resguardados por elementos de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), así como por visitadores de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), funcionarios de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de la Gubernatura y de la Secretaría General de Gobierno.
También los acompañaron los presidentes de los Centros de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) y de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco" (BARCA-DH), Maurilio Santiago Reyes y Minerva Nora Martínez Lázaro, respectivamente.
Otros 33 pobladores más salieron desde temprano por sus propios medios con destino a la Heroica Ciudad de Tlaxiaco.
La representante de los indígenas triquis, Eva Gómez Santos, dijo que la comunidad determinó salir en éxodo ante el temor de ser asesinados porque el Estado mexicano no ha cumplido las medidas cautelares de la CIDH para garantizar su vida e integridad física a pesar del riesgo de sufrir una agresión del grupo armado.
Explicó que el grupo armado penetró violentamente a la comunidad la noche del lunes pasado y fue en su búsqueda casa en casa para darle muerte pero para su fortuna no se encontraba en ese momento.
"Me estaban buscando para matar, entonces junto con los compañeros no nos quedó otra que salir porque de lo contrario nos asesinarán", señaló.
Precisó que este grupo armado ingresó el 8 de mayo pasado a la comunidad en una camioneta color gris, doble cabina para disparar con rifles de asalto Ak-47 o cuerno de chivo en contra de algunas viviendas, ante la presencia de mujeres y niños.
En dos domicilios, fueron asesinados Jaime Ramírez Martínez, Joaquín González y Eulogio López Aguilar.
Destacó que los pobladores por segunda ocasión deberán dejar su comunidad porque Valle del Río San Pedro Copala fue fundado en 2008 por desplazados de San Miguel Copala, Guadalupe Tilapa Copala, Llano de Nopal Copala, Llano Aguacate Copala, Yutasani Copala y La Ladera Copala a causa de la violencia generada por organizaciones y partidos políticos, intolerancia religiosa y por grupos armados.
En mi caso -anotó-, "nosotros tuvimos que salir de San Miguel Copala porque nos persiguieron por ser cristianos y ahora otra vez pero no sé por qué. Esos armados entran nada más y no nos dicen algo, nada más disparan".
Gómez Santos dijo que en el pueblo triqui "el costumbre" es matar a quienes no aceptan la imposición de otros y para evitar más muertos en Valle del Río San Pedro Copala, salen obligadamente.
"Ese es el costumbre, pero nosotros no queremos pasar por eso; mejor con mi esposo (Antonio Santos González) y mis cuatro hijos (Eleazar, Artemio, Rubén y María Isabel) nos vamos a buscar otro pedazo de tierra", asentó.
A su vez, el presidente del CEDHAPI, Maurilio Santiago Reyes, dijo que la salida de los indígenas triquis de su comunidad refleja la irresponsabilidad del Estado mexicano para cumplir sus compromisos y obligaciones internacionales.
"La CIDH dictó medidas cautelares y el Estado mexicano no está cumpliendo a pesar de estar en gran riesgo su vida", remarcó.
Consideró que la posición del Estado mexicano es totalmente contradictoria a la recién designación de Emilio Álvarez Icaza Longoria como Secretario Ejecutivo de la CIDH.
"Es un honor para México que el Secretario sea mexicano pero desafortunadamente el Estado mexicano no respeta las medidas cautelares de la CIDH", insistió.
Destacó que el CEDHAPI requerirá al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reconocer y proteger a los indígenas triquis como desplazados forzadamente por haber cambiado su estatus.
"Ese es su nuevo estatus, pues tuvieron que salir porque el Estado mexicano no garantizó su seguridad como fue solicitado por la CIDH", señaló.
Además, subrayó que ese organismo denunciará al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplir las medidas cautelares dictadas.
Subrayó que los indígenas triquis desplazados se instalarán en forma temporal en una casa rentada ex profeso por el gobierno estatal en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco.
"Fue un acuerdo con el gobernador Gabino Cué Monteagudo ante una situación de emergencia", apuntó.
Santiago Reyes dijo que el mandatario también ofreció un plan de acciones para atender las medidas cautelares en el marco de su competencia y la programación de una reunión mensual de evaluación de compromisos.
Este programa, "nos genera confianza y estamos seguros que a partir de ahora caminaremos con mayor eficacia en la solución de nuestras demandas de justicia", señaló.
Antes de salir de la comunidad, los indígenas triquis fueron a despedirse de sus muertos, Jaime Ramírez Martínez, Joaquín González y Eulogio López Aguilar, enterrados en un camposanto sobre una loma donde depositaron flores y veladoras.
Según un comunicado del gobierno estatal, a las familias triquis se les proveerá todo lo necesario para su sustento y protección, en tanto se restablecen las condiciones óptimas para su reubicación o retorno.
Frase
"El costumbre es matar a quienes no aceptan la imposición de otros. Ese es el costumbre, pero nosotros no queremos pasar por eso; mejor con mi esposo y mis cuatro hijos nos vamos a buscar otro pedazo de tierra".
