En entrevista, indicó que los gobiernos estatal y federal están obligados salvaguardar la vida de las 70 personas que integran esas 15 familias, debido a que las agresiones han sido frecuentes.
Informó que luego de su llegada a la ciudad de Tlaxiaco, hombres, mujeres y niños solicitaron a las autoridades correspondientes la donación de un predio para construcción viviendas provisionales y vivir de manera digna y tranquila, en tanto el problema por el que atraviesan halle una solución.
El surgimiento de la comunidad de Valle del Río San Pedro, San Juan Copala, en Putla.
Vivir en la Región Triqui significa acostumbrarse a ser desplazados de sus comunidades por no profesar la misma religión —lo cual en muchas ocasiones provoca su expulsión de la comunidad—, por no querer ayudar en las acciones de protesta o simplemente por no militar en la misma organización o partido.
Ese fue el caso de las 15 familias procedentes de las comunidades de San Miguel Copala, Guadalupe Tilapa Copala, Llano de Nopal Copala, Llano Aguacate Copala, Yutasani Copala, agencias pertenecientes al municipio de Juxtlahuaca y Putla, las cuales decidieron formar una nueva comunidad cerca del municipio de Putla, a la que bautizaron como Valle del Río San Pedro, San Juan Copala.
Muchos de ellos, fueron desplazados y sometidos a vivir bajo violencia; otros más, han sido amenazados de muerte en caso de que pretendan volver a sus comunidades de origen.
Por ello, al no saber hacer otra cosa que trabajar en el campo y decididos a ganarse el pan de cada día, se asentaron en un predio de Cuadrilla de Gregorio Álvarez, Putla, en donde instalaron sus casas y formaron una comunidad.
Ahí, la mayoría de los pobladores se dedica a la siembra de maíz y plátano, por las condiciones climáticas. Dichos productos son llevados a la cabecera municipal y son ofertados entre los habitantes y compradores de Putla. Esta actividad representa su único medio de subsistencia.
Cabe destacar que los predios en los cuales se asentaron, habían sido territorio triqui de San Juan Copala; sin embargo, estos fueron despojados de los mismos por los españoles que trabajaban en la zona.
De ahí, al estar abandonados los terrenos, los desplazados comenzaron trabajarlos; no obstante, cuando comenzó la cosecha, los predios les fueron reclamados. Es por ello que hoy, existe un litigio entre los beneficiarios de medidas cautelares y algunos terratenientes españoles en la zona.
La gestión de las medidas cautelares
Cabe señalar que fue en agosto de 2001 cuando un grupo de personas que salieron huyendo de la Región Triqui, solicitaron a la CIDH les otorgara medidas cautelares a quienes e habían sido amenazados de muerte y encarcelados por no seguir el Sistema de Usos y Costumbres que impera en algunas autoridades, y que, por cuestiones laborales o de salud, aseguran, no pueden cumplirse.
Tras varias solicitudes ante las instancias correspondientes, el pasado 29 de mayo la CIDH otorgó medidas cautelares a las 15 familias que crearon esta comunidad en Cuadrilla de Gregorio Álvarez, por lo que las agresiones cometidas en su contra quedaron asentadas en las denuncias interpuestas por CEDHAPI ante las autoridades correspondientes
Los ataques
En entrevista por separado, Eva Gómez Santos, vocera del grupo de desplazados sostuvo que los ataques han sido al menos en tres ocasiones. El primero de ellos el pasado 25 de enero; el segundo, el 8 de mayo, día en que un presunto grupo de sicarios les dejaron “narco-mantas” con leyendas con amenazas de muerte lo mismo para mujeres, niños y ancianos.
Finalmente, Gómez Santos apuntó que fue este 1 de agosto cuando el grupo armado pretendió terminar con su vida, pues junto con el presidente de CEDHAPI, Maurilio Santiago Reyes, ella también está amenazada de muerte.
