No conforme con ello, los señores Benito Hernández Méndez y Venancio Martínez Flores, asesorados por un tal Fernando "N" "N", originario del Distrito Federal, levantaron una Acta de Asamblea en perjuicio de dicha jefa de familia y de sus menores hijas, en la cual manifestaron que la madre de familia y sus menores hijas no viven en el citado predio, misma en la que también solicitaron al Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI) que no asigne vivienda a dicha familia. Asimismo, dichos señores se encargaron de pasar casa por casa y mediante el uso de amenazas verbales de correrlos del predio y excluirlos de la lista de beneficiarios si no firmaban, obligaron a varias personas habitantes de citados predios a firmar dicha Acta de Asamblea.
Por otra parte, la señora solicitó su urgente incorporación al proyecto de vivienda denominado "Juan de la Granja No. 74" a la Mtra. Andrea Cano Asperó, Directora de Promoción Social y Enlace Delegacional del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, mediante su escrito de fecha 31 de Agosto del año en curso, pero hasta la fecha la señora no no ha tenido respuesta a su petición debido a que los señores Benito Hernández Méndez y Venancio Martínez Flores, han desconocido el arraigo de la señora y sus menores hijas en el predio donde ellas habitan ante el Instituto de Vivienda del Distrito Federal mediante escritos y manifestaciones.
En años anteriores, el Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, expropió dichos bienes inmuebles para la construcción de viviendas de interés social para los habitantes de los mismos, sin embargo dichos representantes han beneficiados a sus amigos y familiares que viven en otras delegaciones y en el Estado de Oaxaca en vez de dar prioridad a los habitantes de los mismos.
La señora y sus menores hijas como no están considerados para obtener su vivienda por la Asociación de Artesanos y Comercialización "Emiliano Zapata" A.C. y por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, ellas pueden ser desalojadas en cualquier momento del predio para facilitar la construcción de viviendas sobre el mismo.
De esta forma la referida Asociación y el Gobierno del Distrito Federal cometerán una gran injusticia en contra de una mujer indígena triqui que no sabe hablar el español, leer ni escribir y dejarán en la calle a dos menores de 10 y 7 años de edad, respectivamente, ya que la señora por su precaria condición económica le sería imposible rentar un lugar donde vivir.
